La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto condena además a este hombre a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, como autor criminalmente responsable de una falta de homicidio por imprudencia leve.
El suceso se produjo el 3 de enero de 2004 alrededor de las 2.35 horas cuando el fallecido, de 24 años, circulaba por la carretera VV-7014 con su vehículo y en el kilómetro 4,5 se cruzaron por la vía varios caballos que se encontraban sueltos.
Los caballos pertenecían a Antonio C., quien, según el fallo, los tenía resguardados "en un local no habilitado para el adecuado mantenimiento de animales y sin las medidas adecuadas para garantizar que pudieran escaparse y causar algún mal".
De los equinos que se cruzaron por el camino, dos de ellos, una yegua y un poni, colisionaron con el vehículo conducido por el fallecido, ocasionando que el turismo se saliese de la carretera y que, como consecuencia del accidente, el conductor sufriera una tetraplejia.
De las lesiones tardo en sanar 272 días, de los que 136 estuvo hospitalizado, pero debido a su situación de "gran invalidez" y la tetraplejia postraumática falleció el 24 de junio de 2006.
Según la sentencia, la actividad desarrollada por Antonio C.,
consistente en la crianza de equinos, debería "conllevar necesariamente una serie de medidas que protejan a los demás de las posibles incidencias que tales animales puedan originar".
Además, el fallo señala que "sorprende" que el lugar donde estaban los caballos no pertenece al acusado ni es un local arrendado, sino que es "un complejo abandonado y en estado claramente ruinoso" del que se desconoce su titularidad.
En cuanto al estado de conservación del edificio donde estaban los equinos, el fallo indica que es "lamentable" y "absolutamente inadecuado e impropio" tanto por "razones de salubridad para los propios animales como por razones de guarda y custodia de los mismos".
El fallo absuelve al Ayuntamiento de Sagunto como responsable civil subsidiario, ya que la carretera donde ocurrieron los hechos es de titularidad de la Diputación, y no del Consistorio, y el lugar usado para guardar los animales tampoco es municipal
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