Treinta y nueve caballos perderán su hogar el próximo 28 de noviembre por culpa de un galimatías judicial que les pone literalmente de patitas en la calle. Nada menos que 156 patas, todas con sus herraduras, pero fuera del calor del establo. Bueno, ellos solo son una parte de los protagonistas de esta historia, pero son un buen gancho periodístico para contar el pozo judicial y personal en el que afirma que se encuentra la familia Lorenzo.
Andrés, cabeza de familia, decidió en el año 2009 emprender una aventura empresarial para dar salida a la experiencia que su hijo, también Andrés, había adquirido durante años trabajando como asalariado en el negocio de la hípica. Se fijó en una finca de Sant Feliu de Llobregat, Can Amigó del Clot, en pleno parque de Collserola, donde ya funcionaba desde hacía años un establecimiento de doma y excursiones a caballo. Su plan inicial era adquirir tanto los terrenos como la empresa que gestionaba el negocio, pero el propietario de la finca solo quiso arrendársela, de modo que al final solo pudo ser propietario de Hípica Enric Rafael SL, pues así se llamaba la sociedad.
Los Lorenzo, según explica su abogado, Carlos Pérez Bernalte, muy rápido descubrieron que «habían sido víctimas de un gran engaño».
Por una parte, se llevaron la sorpresa de que al adquirir la sociedad habían heredado también las demandas presentadas por las lesiones sufridas por aficionadas a la hípica que en su día se cayeron de sus respectivos caballos. Hasta 200.000 euros puede que tengan que pagar por aquellos sucesos.
Por otra parte, descubrieron que el Ayuntamiento de Sant Feliu les acusaba de ocupar con sus instalaciones terrenos públicos y que una vecina de la finca reclamaba también la propiedad de parte de los metros cuadrados que ocupan las edificaciones de la hípica.
La lista de quebraderos de cabeza es en realidad más larga. Supuestamente la hípica usaba también sin permiso un camino privado y la Generalitat tenía varios expedientes incoados contra el negocio ecuestre.
La tortilla da la vuelta
Los Lorenzo tomaron entonces una decisión que es la que ahora les pone de patitas en la calle, a ellos y a los caballos. Dejaron de pagar parte del alquiler. En cierto modo, se tomaron la justicia por su mano. Aquel fue el instante en el que la tortilla volteó en el aire. Cuando tocó de nuevo la sartén, pasaron a ser los demandados. Una juez de Sant Feliu ordenó el pasado 27 de octubre que los Lorenzo se prepararan para desalojar la finca de Can Amigó del Clot. El próximo 28 de noviembre expira el plazo. El problema es, ¿qué hacer con 39 caballos? Uno de ellos, Fortuna, irónico nombre visto el caso, es solo un potro nacido recientemente. De momento, han encontrado una hípica del Baix Llobregat que, tal vez, los acoja a partir de enero, porque descartan rotundamente dejarlos en Can Amigó del Clot. Pero, hasta entonces, los caballos buscan establo. Una estampa muy navideña.
Fuente: elperiodico.com
Autor: J. G. ALBALAT / C. COLS
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