A finales de junio, el dueño de Lanzarote a Caballo, Vicente Hidalgo, deberá comparecer en el Palacio de Justicia de Arrecife, para responder de una denuncia presentada por el Consistorio de Yaiza. Se le acusa de supuesta desobediencia, por presuntamente quitar el precinto puesto en 2010 para evitar el paseo de camellos.Para el afectado, la denuncia es un hecho más dentro de la campaña municipal que interpreta en su contra, considerando que los paseos a lomos de camello en la finca de Uga tienen permiso del Cabildo y del Gobierno de Canarias. A ello hay que sumar que «vienen diciendo que yo he roto el precinto», colocado en agosto del pasado año, «cuando yo no he roto nada». De hecho, aún hay restos de la cinta en varios espacios de la finca, con evidencias aparentes de faltar algunos trozos a causa de los efectos del viento y el sol.
Como curiosidad, cabe señalar que Lanzarote a Caballo hace semanas que incluso pidió la retirada del precinto sobre la zona acotada, tras haber pasado más de seis meses desde la actuación, sin aparentemente tomarse medidas por parte de las autoridades. «Por supuesto, no han contestado», aclaró al respeto Vicente Hidalgo en el pasado fin de semana, deseoso de poner final en breve a un conflicto de años. «Sólo pido que nos dejen en paz, sin desear mal a nadie», acotó el empresario.
El conflicto viene de mediados de la pasada década, por interpretarse desde el Ayuntamiento que en Yaiza sólo se pueden dar excursiones a lomos de camellos en el Parque Nacional de Timanfaya. Esta postura choca con el parecer de Hidalgo, quien cuenta con apoyo de la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (Aetur), al interpretar que no se le permite la libre competencia, al margen de que considere que una actividad no tiene mucha relación con la segunda.
Mientras en Timanfaya los paseos tienen el encanto de transcurrir por un espacio privilegiado del Parque Nacional, en el particular de Lanzarote a Caballo los paseos son siempre por el interior de la finca, que casi linda con el municipio de Tías, donde no habría problemas para permitir la actividad citada.
En la cita judicial de finales de junio, además de dirimirse cómo se pudo romper la cinta, se debatirá sobre si el precinto estaba limitado a una parte de la propiedad, como así como interpreta el empresario afectado; o si tenía vigor sobre el todo el territorio, considerando que el alcalde, Ángel Domínguez, ya dijo hace tiempo que «no pueden estar haciendo el servicio».
Fuente: canarias7
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