Dentro de la polémica suscitada por los continuos daños que están causando los caballos salvajes en las parroquias del rural pontevedrés, los afectados coinciden, sin dudarlo, en que los medios para resolver el problema existen y que tan sólo resta hacer cumplir la ley.
Según explican desde la propia Xunta de Galicia, identificar a los équidos, también a los salvajes, es obligatorio en toda la comunidad autónoma desde la entrada en vigor el uno de julio de 2007 del reglamento 504/2008. Los afectados por los daños ocasionados por los caballos aseguran que la identificación con el famoso microchip de las denominadas "bestas bravas" no solucionaría todo el problema, pero por lo menos serviría para poder reclamar los daños causados a los propietarios. Es decir, creen que el chip es indispensable para comenzar a articular una convivencia entre la práctica agraria en el rural y este método de ganadería milenario que es toda una tradición en Galicia. Un sistema que, por supuesto, los afectados reconocen tiene un gran valor cultural y que merece ser conservado.
Sin embargo, la propia Xunta reconocía hace unos días que siguen siendo muchos los propietarios de estas "bestas bravas" que se resisten a instalar el "chip" a sus animales. Bien por el coste que conlleva (unos 40 euros por animal) o por no estar dispuestos a asumir las responsabilidades como dueños de unos ejemplares que se encuentran en libertad y que en cualquier momento pueden causar un estrago.
Los últimos datos parecen confirmar que al menos tres cuartas partes de los caballos salvajes que deambulan por los montes gallegos no cuentan con el famoso microchip identificativo. Los informes más recientes calculan que entre 20.000 y 25.000 équidos se crían en libertad en la comunidad –una cifra que, precisamente por la falta de un censo fiable, es difícil de precisar–. De todos ellos, según los datos de la Xunta, tan sólo están identificados un total de 7.176 ejemplares. En la provincia de Pontevedra, a pesar de tener buena parte de estas reses (no en vano aquí se celebran 12 de los 18 curros más importantes de Galicia), tan sólo cuenta con 1.567 reses identificadas. Con todo, parece que la cifra va aumentando en los últimos meses de forma vertiginosa, ya que el año pasado se habían identificado un total de 732 animales. Tres meses más tarde, la cifra ya es más del doble.
La presión vecinal ejercida por los vecinos del rural pontevedrés parece que ha surtido efecto y la pasada semana, tras una reunión con la Xunta, Medio Rural anunció medidas para incrementar el número de caballos que tengan el chip. Entre otras actuaciones, se instó a los organizadores de los tradicionales curros a que tan sólo puedan participar en las "rapas" los caballos que dispongan del citado dispositivo de identificación.
Subasta hoy en el Concello
A la espera de ver como evolucionan los acontecimientos tras estas últimas decisiones de la Xunta –complementadas con la apertura de una nueva línea de ayudas para implantar el chip–, la solución por la que optan los vecinos sigue siendo la misma: Atrapar a los caballos que causen daños, publicar su captura en el BOE y que el Concello proceda a subastarlos. Hoy mismo salen a subasta cinco équidos que fueron interceptados en Campañó. La mayoría de las subastas acaban desiertas y los animales sacrificados. Sin duda, una opción que supone una pérdida para todas las partes implicadas.
Fuente: farodevigo.es
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