La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia que ha rebajado de 240.000 a 54.000 euros la sanción impuesta por el Ayuntamiento de la capital por abrir sin licencia ambiental el Centro Ecuestre. La viceconsejera, María Jesús Pascual, precisa que la Junta no solicitó la licencia en un primer momento porque «el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) exime a esa zona (el ámbito de la antigua carretera de Arévalo) de la evaluación de impacto ambiental».
La Junta recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia del juzgado de Segovia para intentar «que no se imponga sanción alguna», al considerar que «en ningún momento ha habido mala fe ni la Administración regional ha tratado de saltarse los trámites, como ha estimado el juzgado», señala María Jesús Pascual, quien no entiende «que el alcalde se jacte de sancionar a la Junta».
La viceconsejera aclara que la Junta entendió que con la solicitud de la licencia y el transcurso de los plazos podía considerarse que estaba concedida por silencio administrativo, si bien reconoce que el juzgado ha declarado que no puede entenderse concedida 'de facto' y por eso ha estimado su pretensión de reducir la sanción de 240.000 euros más intereses a 54.000 euros, con lo que «al alcalde le han echado para atrás su dectreto sancionador y lo han dejado en una sexta parte».
La viceconsejera explica que el error estriba en que «el PGOU elaborado por el Ayuntamiento exime de la evaluación ambiental a los terrenos de esa zona, y basándonos en eso no la pedimos, pero el juzgado ha entendido que hay controversia entre el Plan General y las Directrices de Ordenación del Territorio (Dotse), que sí la exigen, y en la sentencia ha considerado que prevalecen éstas. Pero que quede claro que si el Plan General la exigiera la habríamos solicitado en su momento».
Con posterioridad, la Junta ha obtenido la evaluación ambiental positiva y la licencia, pero Pascual destaca que para rebajar la sanción el juzgado ha estimado que «no se aprecian mala fe ni reincidencia ni la búsqueda de un beneficio. Por eso no entedemos qué pretende el alcalde al dar la noticia de forma parcial, incidiendo solo en que hay una sanción de 54.000 euros para la Junta, y que se jacte de ello».
Una inversión de 8 millones
«Quizá es que Pedro Arahuetes quiera desviar la atención», subraya la viceconsejera, «de la importante inversión de 8 millones de euros que ha realizado la Junta en el Centro Hípico», que supone «una mejora sustancial para la ciudad con un aumento importante del turismo y de la actividad hostelera», pues en algunos concursos han estado alojadas en Segovia durante una semana más de 1.500 personas. «Eso es lo que habría que remarcar, y no la sanción del Ayuntamiento», concluye María Jesús Pascual.
Fuente: agencias
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