La Delegación Territorial de la junta de Castilla y León en la provincia no ha decidido aún qué sanción impondrá a la ganadería Caballos de Boñar por la dejación de funciones que demostró en el cuidado de sus 173 ejemplares de ganado equino.
Al menos eso es lo que transmitió ayer el gabinete de prensa de la Administración autonómica en la provincia, pese a la publicación de la orden firmada por la consejera de agricultura, Silvia Clemente, en la que se asegura que el 22 de diciembre «se puso fin al expediente sancionador», que ya es firme, y se fundamenta en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de sus animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio para decomisar los 165 caballos que quedaban en la explotación «como sanción accesoria».
El texto legal referido indica, en su artículo 17, que la comisión de infracciones graves y muy graves «puede llevar aparejada la imposición de las siguientes sanciones accesorias». Es decir, que tiene que existir ya una tipificación de la infracción cometida para que se decida el decomiso de los caballos. La misma ley, en su artículo 16, aplica multa de 6.001 a 100.000 euros las infracciones muy graves y de 601 euros a 6.000 la que se aplica a las graves. La horquilla es amplia.
En cualquier caso parece ser que la Consejería de Agricultura se inclinará por la subasta como salida a los animales decomisados. La presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de León, Carmen Caríssimo, manifestaba ayer que su organización no posee capacidad para hacerse cargo de 165 caballos. «No sé si habrá una organización sin ánimo de lucro que pueda asumir tantos animales. En cualquier caso, la Junta nos ha comentado que convocará la subasta de los caballos para marzo o, como muy tarde, abril».
«Se ha quitado un peso». La presidenta de la protectora ve normal el decomiso decretado y subrayó el que la ganadería no presentara alegaciones al expediente sancionador que lo determina, por lo que creo que el empresario se habrá quedado feliz al quitarse un peso de encima». Como se recordará, la empresa alegó atravesar un mal momento, motivo que podría haber dado lugar al descuido.
Carmen Caríssimo explicó que la protectora leonesa sí puede hacerse cargo de los perros de la explotación, «siete porque dos murieron, para los que sí tenemos espacio», dijo la presidenta. La Junta aún no ha determinado el destino de los perros.
Fuente: El diario de León
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