Según fuentes de la delegación territorial, el decomiso de los caballos es firme desde el 22 de enero y, en estos momentos se estudia la posibilidad de ceder gratuitamente los animales o de proceder a su subasta. De esta manera, los caballos podrían terminar en manos de una organización sin ánimo de lucro o de otra administración, como los ministerios de Interior y Defensa. Por el momento, no hay una decisión sobre cuál será el destino final de las reses de equino.
El pasado viernes, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una orden por la que se delegaba la competencia de enajenar los animales de la explotación en el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández. La orden, dictada por la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, establece el número de animales en 165 caballos y señala que el decomiso de los animales forma parte se impone como «sanción accesoria» al fin del expediente sancionador contra Caballos de Boñar, S.L., que puso fin al expediente administrativo el 22 de diciembre pasado. «Contra esta resolución no se ha interpuesto recurso de alzada dentro del plazo legalmente exigido, habiendo devenido a todos los efectos y siendo plenamente ejecutiva», añade la orden.
Los cuidados de la Junta. Los animales han permanecido hasta el momento bajo los cuidados del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, tras dictarse una resolución provisional para alimentar a los caballos tras las muertes que se produjeron en la explotación a mediados del mes de noviembre.
Cabe destacar que en el periodo en el que la Junta se hizo cargo de la cabaña de Caballos de Boñar por decisión judicial, entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre, el gasto en la manutención de los animales superó los 15.000 euros, algo menos de la mitad de éste se debió a la necesidad de identificar a los animales conforme a la ley, operación que no se habría producido desde el 16 de noviembre, día en que la junta enviaba el primer camión de paja en auxilio de los animales abandonados.
Finalizada la tutela de la comunidad autónoma, los animales presentaban un estado considerablemente mejor al que se observaba a finales de agosto y que supuso la denuncia de la protectora de animales. Tras cesar la obligación dictada por el juez de cuidar a los caballos, un informe de Agricultura dirigido al instructor advertía de la posibilidad de que los équidos dejasen de tener alimento pronto, lo que finalmente sucedió, de manera que cuando la Junta envió alimento en noviembre el mal estado de algunos animales era patente y los vecinos de Boñar y su comarca manifestaban su clara indignación por lo sucedido.
Fuente: diariodeleon es
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