La Xunta asegura que Monte Faro no pidió ayudas para sus caballos

La venta de 62 caballos salvajes del Monte Faro, en Vimianzo, dejará, casi con total seguridad, a los vecinos y turistas sin rapa el año que viene.

Desde la entidad explicaban la semana pasada que fueron los requisitos legales para el mantenimiento de las bestias los que llevaron a su propietario a deshacerse de todos ellos. Lo hizo, además, por un precio simbólico, a 40 euros por ejemplar, más por ahorrarse problemas que para obtener beneficios, ya que los ingresos obtenidos no llegaron a los 2.500 euros.

Al parecer, varias inspecciones del Seprona reclamando la regularización de las bestias en el monte fueron las que llevaron al propietario a venderlas.

Desde la Xunta explican, a través de la Consellería de Medio Rural, la encargada del control de animales, que nada tuvieron que ver con la desaparición de los caballos de Vimianzo.

Su objetivo, indican, no es acabar con las rapas, sino todo lo contrario, promocionar ese tipo de espectáculos en Galicia.

La asociación invirtió más de 120.000 euros en preparar las instalaciones del Campo da Areosa
Autor de la imagen: XESÚS BÚA 

Para hacerlo con seguridad es necesario llevar unos controles mínimos de los animales salvajes. Por ello existe una normativa que, en algunos aspectos, no es más que la aplicación de determinadas directivas europeas.

Así, se impide que los ganaderos tengan animales atados en montes, un método que se usa para evitar que se desplacen a largas distancias. Las norma, explican desde la Xunta, prohíbe causarle a las bestias daños innecesarios.

Además, es obligatorio tener registrados a los équidos mediante un chip, así como vallar el monte en el que se encuentran. No se trata de leyes impuestas por capricho. En el fondo de la cuestión están los accidentes que provocan los animales en libertad.

Son muchos los caballos que cruzan las carreteras. Alguno causó más de un disgusto a los conductores que se cruzaron en su camino. Por ello, explican desde la Xunta, es necesario vallar para evitar que bajen hasta las carreteras, y tenerlos identificados porque, en caso de cruzarse con algún vehículo, se podrá así localizar al propietario.

Hasta el momento, las consecuencias de los accidentes de tráfico causados por équidos las acababa pagando la Administración titular de la carreteras en la que se produjeron.

Esas son las causas de las normas existente. Sin embargo, aclaran desde Medio Rural, no se intentó imponer de un día para otro la ley, sino que se hizo progresivamente, informando a los vecinos y ofreciendo ayudas.

Desde la Xunta aseguran que la Asociación Cabalar Monte Faro, la entidad organizadora de la rapa de Vimianzo, nunca se dirigió a ellos para pedir subvenciones con las que vallar sus terrenos o con las que poder poner chips a los équidos, cuando esos incentivos existen en los presupuestos autonómicos y sirven para hacer más fácil cumplir la normativa.

Fuente: