Hace dos años fue condenado a pagar 2.500 euros por un delito de maltrato animal a los 25 caballos de pura raza que criaba en una finca de Colmenar y ahora ha vuelto a ser denunciado por el mismo motivo. El Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal y Medioambiental ha alertado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga de la supuesta situación de abandono en la que se encuentran los equinos propiedad de este constructor, que argumentó la mala racha económica por la que está atravesando su negocio para justificar el haber dejado de alimentarlos.
La denuncia fue presentada ayer por otro presunto delito de maltrato animal cometido supuestamente por este empresario y que ahora la Guardia Civil deberá investigar y determinar si el caso debe ser puesto de nuevo en conocimiento del juzgado. El presidente del colectivo que ha denunciado los hechos, Antonio Moreno, aseguró que el constructor ha continuado con la misma actitud que ya le llevó a los tribunales en el año 2008, ya que insistió en que los caballos "siguen abandonados infringiendo la Ley de Sanidad Animal, algunos han muerto y al menos seis han sido enterrados de forma irregular en la propia finca sin comunicarlo a la Administración".
Tras aquella primera denuncia, la inspección que realizaron tantos los agentes del Seprona como los veterinarios de la Consejería de Agricultura y Pesca confirmaron que los 25 caballos de pura raza -valorados en más de 8.000 euros cada uno- presentaban un estado lamentable de caquexia, es decir, extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad. La mayoría estaban tirados en el suelo porque no tenían fuerzas ni para levantarse y un par de ejemplares presentaban incluso masas tumorales de extrema gravedad. La delicada situación financiera del constructor fue el motivo que dio para justificar el hecho de que los equinos llevaran más de cinco meses siendo alimentados sólo con paja y que no hubiesen recibido atención veterinaria durante dos meses.
El mal estado en el que se encontraban los animales obligó a descartar la posibilidad de trasladarlos a otras instalaciones debido a que algunos de ellos no resistirían el viaje, por lo que fueron intervenidos cautelarmente en la misma explotación donde un veterinario de la Oficina Comarcal agraria de Vélez-Málaga debía encargarse se visitarlos de forma periódica para comprobar su evolución. El maltrato animal está tipificado como delito en el artículo 337 del Código Penal y puede conllevar penas de cárcel de entre tres meses y un año, e incluso la inhabilitación para la cría y venta de estos animales de hasta tres años.
Fuente: Málaga hoy
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